Con retroactividad y mediante una contratación directa, el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) pagó US$ 1.500.000 a una empresa de seguridad por servicios brindados durante 11 meses. Además, fraccionó el gasto —prohibido por el Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera del Estado (Tocaf). Por esos motivos, el Tribunal de Cuentas de la República observó el gasto.

Una resolución del Tribunal de Cuentas de la República, fechada el 28 de diciembre pasado y revisada en la sesión del organismo del 11 de enero de este año, señala que el plazo de la contratación de la empresa de seguridad —aparece con dos nombres distintos en varias contrataciones del Estado— comenzó a regir a partir del 1° de abril de 2016. Es decir, el Mides ya pagó ese gasto, lo que contraviene disposiciones de la Constitución de la República.

El 24 de febrero de 2016, el Tribunal de Cuentas de la República (TCR) decidió observar el gasto por considerar que “contravenía” el artículo 48 del Tocaf (detalla las condiciones de un pliego de licitación) y el decreto 131/14 (refiere a que las empresas tienen que probar que pueden cumplir con el llamado).

El 30 de mayo de 2016, el gobierno resolvió adjudicar la licitación a la misma empresa que hoy cumple servicios de seguridad en la sede del Ministerio de Desarrollo Social y reiteró el gasto por $ 106 millones (unos US$ 3 millones).

El 12 de setiembre de 2016, el Poder Ejecutivo revocó la adjudicación a la empresa de seguridad porque todas las ofertas presentadas en la licitación no alcanzaron el puntaje mínimo requerido en el pliego de condiciones, señala el Tribunal de Cuentas.

Sin embargo, el 7 de diciembre de 2016, la ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, ordenó la contratación directa de dicha empresa de seguridad alegando la necesidad de fraccionar el gasto para así garantizar la continuidad del servicio. La contratación es por un monto de has-ta $ 48.698.165 (unos US$ 1.500.000), por un plazo de 11 meses a partir del 1° de abril de 2016 hasta el 28 de febrero de 2017 o hasta la culminación del proceso licitatorio en trámite dice el Mides.

En 2016, la empresa continuó prestando servicios en el Mides sin licitación.

En sus resoluciones, el Tribunal de Cuentas insistió sobre que no surgen de los expedientes fundamentos que justifiquen la contratación directa de la empresa (una emergencia) ni justificativos para que el Mides pueda fraccionar dichos gastos en materia de seguridad.

Desde los primeros meses de 2015, el Tribunal de Cuentas observa todos los gastos realizados por el Ministerio de Desarrollo Social sobre servicios de seguridad para su sede central y refugios.

El Tribunal de Cuentas observó que el monto gastado supera el tope de la Licitación Abreviada ($ 8.758.118) y no se justifica el procedimiento de excepción de compra directa porque no se está frente a una emergencia.

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí