Juan Carlos Blanco fue condenado a cadena perpetua en Roma, pero los demás acusados uruguayos, incluido Jorge Tróccoli, fueron absueltos en el fallo conocido este martes, en el marco del juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos en el Plan Cóndor, aunque el gobierno uruguayo apelará.

“No lo puedo entender”, dijo la abogada Mirtha Guianze y agregó que quiere conocer los fundamentos. “Es muy pronto pero hemos visto que se condenó por homicidios a otras personas con pruebas menos abundantes”, acotó. El fallo judicial involucraba a 35 militares (13 uruguayos) y civiles.

En total la fiscalía Italiana imputó a 27 uniformados uruguayos, chilenos, bolivianos y peruanos por su implicación en el Plan Cóndor, a través del cual se asesinó y se hizo desaparecer a 42 jóvenes de izquierda, entre ellos 20 italianos, durante las décadas de 1970 y 1980. Los condenados fueron: los chilenos Hernán Jerónimo Ramírez y Rafael Ahumada Valderrama; el uruguayo Juan Carlos Blanco; los bolivianos Luis García Meza y Luis Arce Gómez y los peruanos Francisco Morales Bermúdez, Pedro Richter Prada y Germán Ruiz Figueroa.

El denominado Plan Cóndor fue una coordinación represiva o conspiración entre los servicios de inteligencia de las dictaduras que gobernaban países del Cono Sur (Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia) en coordinación con Estados Unidos y la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por su sigla en inglés).

Se trató de una operación orquestada en las décadas de 1970 y 1980 en el marco de la “Guerra Fría” y tuvo como principal actor al general chileno Augusto Pinochet, en concordancia con otros dictadores de la época.

La operación consistía en lograr el intercambio de información entre los países involucrados sobre supuestos subversivos. La intención era reprimir y perseguir a todo el que hacía oposición política a los regímenes dictactoriales del Cono Sur, es decir, eliminar a enemigos políticos para de esta manera instalar políticas neoliberales. El plan Cóndor dejó un saldo de 50 mil muertos, alrededor de 30 mil desaparecidos y 400 mil presos.

A estos resultados se les suma las torturas, el traslado de detenidos a otros países y el constante seguimiento y vigilancia a los enemigos políticos.

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