Para la legislación española, una mascota es un mueble; un objeto susceptible de apropiación, de libre disposición por parte de su dueño y que puede ser embargado. El Observatorio de Justicia y Defensa Animal entregó este lunes en el Congreso de los Diputados más de 243.000 firmas recogidas en change.org para que los animales dejen de ser considerados “cosas”. La organización avala así la propuesta que registró Ciudadanos el pasado octubre -que se debatirá este jueves- y con la que proponen crear una categoría especial en el Código Civil para que las mascotas se excluyan de la masa patrimonial.

La iniciativa busca que el derecho español legisle un aspecto que ha permanecido inalterado desde 1889, cuando se promulgó el Código Civil y que, acorde a una sociedad agraria, incluyó a los animales dentro del patrimonio. Según explica a EL MUNDO la directora del observatorio, Nuria Menéndez de Llano, la propuesta busca que el ordenamiento español se “adecue a la normativa europea que, acorde al artículo 13 del Tratado de Funcionamiento, reconoce a los animales como seres sensibles”.

Ciudadanos y el observatorio abogan de esta manera por excluir la naturaleza patrimonial de las mascotas. Con esta modificación buscan dejar de permitir, entre otros, que sean ejecutadas por los acreedores; puedan ser subastadas para liquidar una comunidad de gananciales; o que sean introducidas en lotes y sorteadas en supuestos hereditarios.

“En nuestra legislación, los animales son considerados bienes semovientes, lo que implica que puedan darse situaciones como que un maltratador puede denunciar a alguien por robo por rescatar a un animal que ‘le’ pertenece, o que un gato sea considerado un bien a repartir en un divorcio”, explica a este diario Javier Moreno, portavoz de Igualdad Animal, quien considera que sería un cambio interesante a nivel social en un país “que está a la cola de Europa en materia de protección animal”.

Y donde gobierna también “el anacronismo legal en su ordenamiento jurídico”, añade Menéndez de Llano. Hay 17 leyes de protección animal autonómicas y, a nivel estatal, el Código Penal fue modificado en 2010 para proteger a los animales domésticos respecto al maltrato, endureciendo las penas y eliminando el requisito de “ensañamiento” para tipificar como delito la violencia contra “animales domésticos y amansados”. Mientras, excepto en Cataluña, donde los animales no son “cosas” desde que en 2006 el código civil foral catalán introdujera esta modificación, ninguna otra región ha legislado en esta materia.

Elmundo.es

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