BCU informó que retiró US$ 3,7 millones días antes de cerrar Cambio Nelson.

Antes de fallecer Wilson Sanabria en septiembre de 2015, Cambio Nelson tenía una liquidez de un millón de dólares diarios. Dos años más tarde, esa cifra cayó a US$ 300.000 diarios cuando al frente de la empresa se encontraba el hijo de Wilson, Francisco Sanabria, hoy en prisión.

Un informe del Banco Central del Uruguay señaló que la empresa contaba con 2.500 clientes a quienes les pagaba sus gastos mensuales de luz y agua y otros 670 que realizaban depósitos y retiros mediante un sistema de cuenta corriente.

El 23 de febrero de este año, tras el cierre de Cambio Nelson, un equipo inspectivo del Banco Central del Uruguay (BCU) concurrió a la sede central de la firma y fueron recibidos por el socio de Sanabria, Nelson Calvette y una funcionaria de jerarquía.

Los funcionarios constataron que la empresa recibía fondos que se canalizaban en cuentas de sus accionistas, gastos de la familia Sanabria y retiros de empresas, según el expediente judicial al que tuvo acceso El País.

Un documento del BCU sobre dicha inspección, que fue enviado al juez Marcelo Souto, señala que Cambio Nelson tenía 288 clientes con saldos deudores. Es decir, adeudaban al cambio unos US$ 1.700.000. Además detectaron que 380 clientes tenían saldos acreedores tras realizar depósitos por valores que oscilaban desde US$ 10.000 a US$ 700.000. Aquellos depósitos que superaban los US$ 250.000 percibían intereses de un 9% a un 12% anual. Cambio Nelson adeuda US$ 5 millones a esos 380 clientes, según el documento del BCU. Agrega que, antes del 20 de febrero de este año Sanabria retiró US$ 3.700.000 de la empresa.

“Algunos clientes más cercanos recibían una rentabilidad (intereses) que era fijada por Wilson Sanabria y después por Francisco Sanabria. Nada de esos depósitos pasaba por ventanilla. Incluso, la información de las cuentas está en el sistema informático del cambio pero en la ventanilla solo aparecían números de cuentas”. Declaración de Nelson Calvette ante el juez Marcelo Souto y el fiscal Rodrigo Morosoli.

Fuente: El País

 

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