Varios intendentes defendieron su potestad de usar superávit para financiar obras. El TCR analiza informe para determinar si es legal.
El Tribunal de Cuentas (TCR) se encuentra analizando una serie de informes de sus servicios jurídicos para determinar si es posible que las intendencias utilicen un eventual superávit para financiar obras de infraestructura. El objetivo es tener una respuesta oficial a la solicitud formal que realizaron las comunas en ese sentido, en una reunión que tendrá lugar en los próximos días.
La consulta será de carácter vinculante, por lo que los intendentes se comprometieron a ajustarse al dictamen que haga el organismo.
En el centro de la discusión está lo estipulado en el artículo 302 de la Constitución. Es que, como en gran parte del Derecho, existen “dos bibliotecas” para interpretarlo.
“Todo superávit deberá ser íntegramente aplicado a amortizaciones extraordinarias de las obligaciones departamentales”, se dice en su primer inciso. Una primera lectura indica que las intendencias están obligados por ley a utilizar esos excedentes para cancelar deudas.
“Si dichas obligaciones no existiesen, se aplicará a la ejecución de obras públicas o inversiones remuneradoras, debiendo ser adoptada la resolución por la Junta Departamental, a propuesta del intendente y previo informe del Tribunal de Cuentas” expresa, acto seguido, el segundo inciso.
El ministro del TCR, León Lev, dijo a ECOS que el informe jurídico que encargó el tribunal apunta a elevar una respuesta con bases legales concretas.
Lo que el organismo deberá clarificar es si lo dispuesto en el artículo se aplica a un eventual superávit en un determinado año, o al resultado acumulado por cada comuna a lo largo de todo un período de gobierno.
Lev advirtió al respecto sobre un posible precedente. Es en que varias ocasiones, se ha autorizado a algunas comunas a que recursos “ociosos” pudieran ser temporalmente invertidos en títulos públicos.

Interpretación

El Congreso de Intendentes, en su informe jurídico, entiende que la referencia es a la diferencia positiva entre ingresos y egresos en un mismo ejercicio anual. Se interpreta a su vez que cuando la Carta Magna habla de “amortizaciones extraordinarias de obligaciones” lo hace en relación a las que estén fuera de lo presupuestado.
Si el TCR estableciera que la Constitución habla del resultado quinquenal, pocas intendencias saldrían bien paradas.
Es que, tomando en cuenta el año 2015, último con resultados consolidados en todo el país, sólo cuatro comunas presentaron resultado positivo. Así lo indica un informe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
Ellas fueron Artigas, Durazno, Río Negro y Salto. La Intendencia de Rivera presentó en ese ejercicio un déficit presupuestal de 18%. Montevideo lo hizo en 2%.

“Me cuelgan”

Varios intendentes insistieron este miércoles en una férrea defensa de su potestad para usar recursos superavitarios en obras para sus ciudadanos, al margen de las obligaciones que enfrenten. Es el caso del jefe comunal de Canelones, Yamandú Orsi, que admitió que el artículo 302 da lugar a distintas interpretaciones.
“Negarle a la gente los recursos para la infraestructura, para lo que necesitan, por cuestiones de si es o no constitucional, me parece un error”, dijo.
El intendente canario se expresó así al disertar en un evento organizado por la Asociación de Dirigentes de Marketing, realizado este miércoles en el Club de Golf de Montevideo.
En igual sentido y por la misma vía se pronunció su colega de Maldonado, Enrique Antía. “Nuestra responsabilidad son los cinco años de gobierno. Vamos a reducir la deuda en un 30%, pero no podemos pagarla toda”, señaló.
Según aseguró, recibió la comuna en 2015 con un pasivo de US$ 93 millones, y que ahora enfrenta el desafío de realizar obras que no pudieron hacerse antes por falta de recursos, pero que son necesarias para generar a su vez fuentes de trabajo.
En ese marco, Antía marcó el orden de sus prioridades. Desarrollar a su departamento, generar oportunidades laborales y cumplir con los compromisos.
Para Carlos Moreira, intendente de Colonia, sería ridículo aplazar obras necesarias para la ciudadanía para cancelar deudas que aún no vencieron. “No le puedo decir a un vecino que no le levanto la basura o no le arreglo la calle porque tengo que pagar un fideicomiso que vence en 2022”, dijo.
“Me cuelgan de la plaza si hacemos eso”, aseguró.

 

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