El gremio afirma que muchas denuncias son infundadas. Cuestionan la decisión de derivarlos a trabajar en las cárceles. “Habrá un desastre”.

Unos 600 policías están siendo hoy investigados al haber sido denunciados por violencia doméstica. De esa cantidad, unos 450 están por esa causa prestando servicio en alguna de las cárceles repartidas por todo el país.

Esta derivación surge del decreto, firmado en marzo de este año por el ministro Eduardo Bonomi, que establece que todos los funcionarios indagados por esta causa sean transferidos a operar en las prisiones.

Las cifras fueron aportadas al Parlamento en los últimos día por el Sindicato Policial de Montevideo, que sostuvo que una buena parte de estas denuncias carecen de fundamento. “Con el transcurso del tiempo hemos ido advirtiendo, tanto el ministerio como los sindicatos, que muchas de estas denuncias no tienen demasiado asidero”, dijo el abogad de la agremiación, Washington Abdala.

“Se realizan por un tema de conflicto emocional, pero no tienen la consistencia suficiente como para encontrar culpabilidad o responsabilidad”, aseguró.

“A los compañeros que están comprendidos en la resolución se les desarmó y se les aplicó el protocolo”, dijo por su parte la dirigente Patricia Rodríguez.

“No está totalmente de manifiesto que hayan tenido situaciones de violencia doméstica.” puntualizó, asegurando que muchas de las denuncias son por anónimos o por vecinos, sin comprobación.

El procedimiento implica que, cuando llega una denuncia, al policía se lo desarma, se le retiene una parte de su sueldo mientras es investigado y se da cuenta de su situación a la Justicia.

Puede haber un desastre

Más allá de ello, la decisión de que pasen a operar en las cárceles es una “locura extrema” en opinión del abogado Washington Abdala.

“Es un delirio imponente”, aseguró. “Los que no tienen violencia y fueron mal denunciados, van a un lugar al que teóricamente no tendrían que ir. Y a los que realmente son tipos muy complicados, los metemos en un territorio de violencia”, argumentó.

Abdala aventuró que, si la situación no se modifica, en cualquier momento ocurrirá un desastre.

“Tenemos grabaciones de funcionarios que están desesperados. Los buenos policías, que son la mayoría, dicen: ‘Yo estoy acá y allá hay uno que metí en cana’. Esto va a terminal muy mal”, dijo. “Estamos al borde del pánico”, aseguró.

Vale decir que el policía que es denunciado no puede viajar uniformado y tampoco puede prestar el servicio 222, lo que supone un mayor perjuicio económico.

El sindicato cuestionó además que a los policías denunciados se les haga un simple seguimiento y se carezca totalmente de un tratamiento de recuperación”.

“Si le dieran de baja porque la denuncia se confirmó, sale del Ministerio del Interior y queda como un ciudadano corriente, pero con la misma problemática porque no se le dio el tratamiento adecuado para ello”, sostuvo Rodríguez.

Abdala por su parte dijo que el procedimiento interno del ministerio está desconectado de las actuaciones judiciales. “Ayer de tarde llegó un funcionario con la sentencia del juez, que dice que no tiene ninguna responsabilidad. Entonces le dije que me consiguiera el oficio y lo llevamos al Ministerio del Interior, y así se supone que clausuramos el procedimiento. No es así”, sostuvo.

El sindicato admitió que no todos los policías denunciados por violencia doméstica van a las cárceles. “Los jerarcas, por ejemplo, no. Solamente el personal subalterno. Agentes, cabos, pero no la oficialidad”, concluyeron.

 

Fuente: Ecos Uruguay – Foro: Lr21

 

 

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