Manifestó que “la norma que rige para los ámbitos público y privado ordena y brinda certeza jurídica a empresas para saber qué es lo que se debe hacer para cumplir con lo establecido por la ley”. Además “enumera las medidas preventivas, como la elaboración de protocolos, la capacitación del personal, las evaluaciones periódicas y la observación del ambiente laboral”. Enfatizó que se especifican “medidas de protección integral”.
Valoró en forma positiva que se haya establecido que quienes comparezcan ante el Ministerio de Trabajo puedan hacerlo asesorados por el sindicato correspondiente en las audiencias, con la excepción de las instancias de toma de declaraciones. Detalló que se aseguran las garantías que otorga la Inspección del Trabajo a la hora de realizar la investigación de una denuncia.
El jerarca subrayó que la aprobación de la mencionada ley dio una mayor visibilización al problema, por lo que crecieron las denuncias. Repasó que se pasó de menos de 10 al año a un promedio de 60 actualmente y detalló que la mayoría son de mujeres de Montevideo. “Todas las denuncias se investigan”, recalcó.
Señaló que 9 de cada 10 denuncias son del sector privado, pero, explicó, en la mayoría de los organismos del ámbito público ya existen mecanismos y protocolos de actuación frente a este tipo de denuncias. En este sentido, hizo referencia al Misterio del Interior como caso ejemplar, “porque allí existe un decreto desde 2013 que establece un protocolo de actuación específico”. Ejemplificó que en esta repartición estatal “se pasó de 4 a más de 30 denuncias anuales”.
