El presidente Vázquez convocó para este lunes, en plena jornada de movilización de trabajadores rurales, a las gremiales agropecuarias para una reunión en la residencia presidencial de Suárez y Reyes. Lo hizo en momentos en que la relación entre el gobierno y el sector rural pasa por uno de sus peores momentos, cuando el discurrir del tiempo y la falta de respuesta a los reclamos provocó un evidente distanciamiento entre aquellos.

Y lo hizo con suerte diversa.

Algunas concurrieron; la Federación Rural (FR), una de las principales gremiales de productores del agro en el país, decidió no hacerlo. Y ello porque valoró que no estaban dadas las condiciones para dialogar y porque consideró una “falta de respeto” a los productores que se reunirán en Durazno el próximo 23 de enero para resolver los pasos a seguir.

La decisión no fue caprichosa. Es que Presidencia había indicado días atrás que el encuentro podría concretarse recién en febrero o marzo, pero Vázquez adelantó el encuentro -curiosamente para el mismo día de la movilización- porque logró “diferir una audiencia de carácter personal” solicitada con anterioridad. Sentido de la oportunidad, que le dicen.

En conferencia de prensa tras la reunión, Vázquez dijo que el camino para superar esta instancia es el diálogo (letanía omnipresente), que responderá a cada sector por separado, que negociará únicamente con las gremiales como representantes legítimas, que respeta el derecho a movilizarse de los productores rurales y que no acepta que se diga que este gobierno y los dos anteriores no han hecho nada por el sector agropecuario.

Asimismo, invitó a las gremiales a conformar una “mesa de diálogo”, por lo que los productores se fueron de la reunión con el compromiso de responder si aceptan la invitación, aunque recién en la asamblea del 23 podrían surgir los voceros para conformar la misma.

El mandatario insistió con analizar la problemática de cada sector por separado, ya que la situación, dijo rizando el rizo, no es la misma para el sector arrocero, el ganadero, el lechero, la fruti-horti-viticultura o el forestal.

Es correcto. Pero no menos cierto es que hay algunas variables que afectan a todos por igual.

El clima es una. Los productores señalan que, junto con los de índole económica, el Cambio Climático es su principal problema, y en efecto dicho concepto actualmente es conocido por más del 90% de los productores, si bien casi la mitad admite no estar informada en profundidad sobre el tema. Se dirá, con relativa razón, que poco puede incidir el Gobierno a este respecto, pero no es cierto. Y de hecho, ayudar a un mejor diseño de políticas públicas es a lo que apunta el Plan Nacional de Adaptación al Cambio y la Variabilidad Climática para el Agro que se viene elaborando desde mediados de 2016, y que busca reducir la vulnerabilidad a los impactos climáticos mediante la adaptación y mitigación. Gestionar adecuadamente los recursos naturales, controlar la contaminación de las aguas y estar preparados para los cada vez más frecuentes fenómenos climáticos extremos es esencial. Claro está, todo ello aún se está implementando. Pero en esa materia se está trabajando.

No obstante, hay otras variables que dependen exclusivamente de la gestión gubernamental, y que afectan a todos los sectores por igual.

Una de ellas es la disponibilidad de los recursos humanos. La emigración de pobladores del campo a la ciudad y la falta de mano de obra calificada para algunas tareas es un desafío crucial para el futuro, cuya responsabilidad de resolver es del Gobierno mediante incentivos y preparación adecuados.

Otra  es el elevado precio de los combustibles, los más caros de América Latina. Otra son los altos precios de la energía eléctrica (cuya rebaja se viene anunciando tres o cuatro veces al año, al menos desde 2013 sin que jamás se concrete, a pesar del buen resultado financiero de UTE en el último ejercicio). Otra es el atraso cambiarlo (tema harto controversial, si los hay). Otra son los gravísimos problemas de infraestructura que limitan el desarrollo del campo. A este respecto, es notorio que el crecimiento de la producción agropecuaria de las últimas décadas -en particular debido a la forestación y la industria de la celulosa, además de la agricultura granelera- suscitó un mayor impacto no sólo sobre las rutas nacionales, sino también sobre la red vial secundaria y la caminería rural, que está en muy malas condiciones en gran parte del país, y que no es la excepción aquí, en el departamento de Colonia. El crecimiento de la producción se preveía hace 15 años, por lo menos, no obstante lo cual se estima que el atraso global en infraestructura vial en todo el territorio nacional asciende hoy a los 3.500 millones de dólares.

Es claro que el agro es esencial e indispensable para la economía del país. Concentra el 75% de nuestras exportaciones y de hecho es determinante en ese sentido (la mitad de los productos exportados en 2017 fueron celulosa, carne bovina y soja), generando divisas y valor agregado directo en salarios (la cadena de negocios agropecuarios incluye casi 250.000 empleos), arrendamientos e impuestos, más allá del empleo indirecto e inducido.

Por ello elegir el camino del diálogo por el que Vázquez parece haber optado -tarde, porque debió haber sido la elección primaria- parece adecuado, pero no así la confrontación que escogieron varios actores del oficialismo, en especial del ámbito parlamentario.

Vázquez volvió a utilizar en la conferencia de prensa el tono papal que los uruguayos le conocemos, muy lejos del de pastor evangélico televisivo que utiliza en sus intervenciones político-partidarias fuertemente aferrado a un micrófono.

Pero esta vez no le fue bien.

Es claro que la situación lo está superando. Eso se nota.

Y es claro también que la gente se saturó de promesas y anuncios incumplidos, falacias, autoelogios, despilfarro, irregularidades y corrupción.

Quiere soluciones.

Y está en su derecho de reclamarlas.

 

(*) Periodista. Convencional Nacional y Departamental del Partido Colorado.

 

 

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