Prosiguiendo con su interés en la problemática de la inseguridad, la diputada Nibia Reisch (Partido Colorado) reclamó información al Ministerio del Interior (MI) acerca del organismo central que funcionaría en la órbita de la Presidencia de la República para coordinar todas las acciones en materia de combate a la delincuencia, el crimen organizado y el narcotráfico.
El anuncio de su creación fue realizado por el propio presidente de la República luego de participar en una reunión de vecinos en San Luis (Dpto. Canelones), y confirmado públicamente en conferencia de prensa el 22 de mayo por el prosecretario de la Presidencia, Juan Andrés Roballo.
En virtud de ello, Reisch solicitó a la cartera que le informe cuántas reuniones ha tenido a la fecha el referido organismo, quiénes participaron de las mismas y en representación de qué dependencia, qué medidas se adoptaron y cuáles y cuántas se han puesto en práctica, qué resultados han arrojado las mismas y cómo se evalúan los resultados.
Como se recordará, Vázquez había anunciado el 22 de mayo la creación de un “centro operativo de violencia criminal” en la órbita de la Presidencia, con el objetivo de mejorar los mecanismos de intercambio de información entre los organismos estatales y de diseñar nuevos instrumentos para el combate a la delincuencia.
Lo había hecho tras mantener un encuentro por más de dos horas con los ministros de Interior, Eduardo Bonomi, y de Desarrollo Social, Marina Arismendi, con el Fiscal General de la Nación, Jorge Díaz, con el presidente del BPS, Heber Galli, la directora general del Consejo de Educación Inicial y Primaria (CEIP), Irupé Buzzetti, la consejera del Consejo Directivo Central (CODICEN), Laura Motta, y con el director de AGESIC, José Clastornik.
Finalizado el mismo, el prosecretario de la Presidencia, Juan Andrés Roballo, manifestó en su calidad de vocero de la reunión que uno de los objetivos fundamentales era extremar las medidas de combate al narcotráfico y al crimen organizado. “Las medidas que elabore el organismo de contralor abarcan a todo el país y el sistema educativo se constituirá en un reducto de contención para los niños y adolescentes”, había señalado Roballo.
Pocos días antes el director de Policía Nacional, Mario Layera, había asegurado que la Policía no podía acceder a la información del MIDES, ni del BPS, ni de Enseñanza Secundaria ni Primaria para cruzar datos, ya que éstos tenían carácter reservado, a pesar de que ellos podrían llevar a la Policía a identificar posibles infractores de la ley, en particular información relevante sobre las familias que regenteaban “bocas” de venta de drogas.
Reisch indicó que “en nuestro país han aumentado en número los delitos, la violencia de toda clase y el desorden social. Muchos delincuentes actúan sin piedad, empleando modalidades hasta ahora desconocidas para nosotros, y esa realidad ha llegado a cada rincón de Uruguay, incluso hasta los pueblos más pequeños con muy poca población”, sin embargo, “oficialmente, nada se conoce respecto al mencionado Centro Operativo de Violencia Criminal”.

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