La diputada Nibia Reisch (Ciudadanos), solicitó al Gobierno información sobre el ingreso de personas con discapacidades a la función pública.
La legisladora invoca que “es propósito de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente”.
En tal sentido, indica que “diversas normas establecen mecanismos de protección o apoyo en tales circunstancias”, y recuerda que en el marco de la Ley Nº 18.651 se dispuso un sistema de protección integral a dichas personas, considerando con discapacidad a “toda persona que padezca o presente una alteración funcional permanente o prolongada, física o mental que en relación a su edad y medio social implique desventajas considerables para su integración familiar, social, educacional o laboral”.

Según el Artículo 49 de la mencionada ley, “el Estado, los Gobiernos Departamentales, los entes autónomos y los servicios descentralizados están obligados a ocupar personas con discapacidad que reúnan condiciones de idoneidad para el cargo en una proporción mínima no inferior al 4% de sus vacantes”.

La legisladora prosigue expresando que “se encuentra a estudio del Parlamento y goza de media sanción un proyecto de ley que procura la inserción laboral de personas con discapacidad en el ámbito privado. La norma prevé que las empresas privadas, cuyas plantillas de trabajo revistan 25 o más trabajadores deberán emplear a personas con discapacidad, en un porcentaje del 4% de la totalidad de sus trabajadores, bajo apercibimiento de sanción”.
No obstante, Reisch advierte que “el Estado le exige a los privados pero, sin embargo, no ha cumplido a cabalidad la disposición que lo obliga en igual sentido de llenar el 4% de las vacantes generadas con personas discapacitadas”.
“Un relevamiento efectuado por la propia ONSC señala que en 2017 en todo el Estado fueron provistas 6.520 vacantes, de las cuales sólo 85 (1,3%) fueron para personas con discapacidad, cuando correspondería el 4% (261 personas), por lo cual 176 personas perdieron su oportunidad de trabajar”, informó.
“De ese ínfimo porcentaje los hombres fueron un 51% de los ingresos y las mujeres el 49% restante, en tanto el 45% tenía entre 18 y 29 años de edad, el 43% entre 30 y 45 años, y solamente un 12% tenía 46 o más años de edad”, señaló.

En la Intendencia de Colonia hace más de 7 años
“De los ocho organismos que cumplieron con la ley cinco fueron Intendencias, y en ese aspecto Colonia brilla por su ausencia, ya que si bien han ingresado personas con discapacidad lo han hecho en calidad de pasantes, no consideradas en el informe de la ONSC para el cumplimiento que establece la Ley, porque ocupan puestos de carácter no permanente. De hecho, en la comuna coloniense no ingresan personas con discapacidad desde el año 2011, lo que implica más de 7 años de incumplimiento”, reveló la parlamentaria.
En función de lo expresado, Reisch solicitó a la ONSC que le informe el total de vacantes producidas en los últimos 5 años por organismo, el total de vacantes cubiertas y el porcentaje de vacantes cubiertas por personas discapacitadas (por esos organismos y entidades obligadas).

Además, reclamó conocer qué organismos o entidades se mantienen omisos en brindar a la ONSC, en forma semestral, la información que la ley les impone sobre ingreso de personas con discapacidad, qué grado y tipo de discapacidad padecen las personas ingresadas, y cuántas personas ingresaron en vacantes producidas en el departamento de Colonia, adjuntando detalle de lugar, modalidad de ingreso, tipo de vacante y cargo ocupado.

Para concluir, la diputada expresó que “desde que el Frente Amplio asumió el fa el gobierno en el 2005 hasta fines de 2017 ingresaron casi 70.000 empleados públicos. Pero el gobierno y el PIT-CNT le exigen a los privados, hablan de ser los defensores de los discapacitados, pero en los hechos son los responsables de no darles oportunidades. Por tal motivo, le reclamamos al gobierno el cumplimiento de lo que establece la ley para que los discapacitados tengan la oportunidad de ingresar a la función pública”.

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