Por Gabriel Gabbiani

El 29 de mayo de 2015, en nuestra calidad de ediles departamentales (S), presentamos en la Junta Departamental de Colonia un Proyecto de Decreto para regular parte del proceso electoral relacionado con la publicidad estática en espacios públicos.
Argumentábamos entonces que la alteración en las densidades y características de publicidad durante las campañas políticas es un factor distorsionante. En épocas electorales se incrementa considerablemente la colocación de soportes comunicacionales y la publicidad estática aumenta de forma vertiginosa, lo que genera un impacto negativo que altera visualmente la fisonomía del escenario urbano.
Todo elemento que altere nuestro ambiente y origine un cambio negativo en el hábitat o incluso en la conducta de las personas, puede definirse como un “contaminante”, en este caso visual, que se agrega a los ruidos de los escapes libres, los bocinazos ensordecedores, la música estridente en la vía pública, los residuos diseminados, los animales sueltos, el mal funcionamiento del sistema de drenaje, las baldosas flojas y mucho más. Todo ello muchas veces provoca un estado de excitabilidad o malestar en las personas.
En épocas electorales, la cartelería irrumpe agresivamente en las estructuras urbanas, y además del desorden visual, muchas veces genera distracciones peligrosas, especialmente para conductores y peatones. Ello además del riesgo que implican para los ciudadanos las condiciones o lugares elegidos para su colocación, la caída de un pasacalle o muchas situaciones más.
La discrecionalidad con la que en ocasiones actúan algunos sectores políticos al respecto, es improcedente. Por eso, aquella iniciativa apuntaba a desalentar conductas que generen polución, obligando a los Partidos Políticos a optar por medios más limpios y menos degradantes desde el punto de vista ambiental, tales como la prensa, la radio, la televisión, internet y cartelería específicamente diseñada con fines electorales.
Nuestra propuesta no era antojadiza. Era una forma de rescatar el reclamo que hace la gente durante las campañas políticas: que se reduzca lo que contamina visualmente el ambiente, y que tras las elecciones toda la cartelería sea rápidamente eliminada de la vía pública.

El proyecto refería a columneras, carteles, volantes, afiches, pasacalles y similares de cartonplast, plastillera, nylon, papel, cartón, chapa, tela o cualquier otro material, como así también a la publicidad ambulante callejera.

En ese marco, inicialmente parecería lógico que los plazos para la publicidad electoral en la prensa establecidos en la Ley Nº 17.045 (1998) y su modificativa, la Ley Nº 17.818 (2004), que regulan, entre otros aspectos, los tiempos para la realización de la misma, fueran de aplicación también para la publicidad en la vía pública.
Más allá de que se encuentra vigente la Ordenanza Departamental (2000) que prohíbe la aplicación en los árboles de todo tipo de publicidad, el proyecto definía los lugares donde quedaría prohibida la cartelería (la manzana que ocupa el Palacio Municipal y las aceras que la circunvalan, frente a los edificios públicos, plazas, plazoletas, parques y similares, ramblas, playas, pavimentos, aceras, calzadas y cordones de veredas, puentes, viaductos, alcantarillas, columnas del alumbrado público, infraestructura eléctrica, cementerios, monumentos, monolitos, plaquetas y similares, contenedores de residuos, rotondas, señales visuales de cualquier índole, componentes y equipamientos urbanos tales como garitas y paradas de omnibuses, y edificios de propiedad privada de cualquier índole cuyos muros sean apreciables desde la vía pública, salvo cuando mediare autorización escrita del propietario. Los espacios públicos, como tales, deben mantenerse en condiciones dignas para su uso y disfrute, independientemente de adhesiones o simpatías políticas.

Asimismo establecía la prohibición de arrojar en la vía pública, desde cualquier lugar y por cualquier medio, programas, anuncios, folletos, volantes y hojas sueltas. Igualmente establecía sanciones, atendiendo a la gravedad de las faltas y a la situación de reincidencia del Partido Político de que se tratara, acciones de apercibimiento y multas.

Ciertamente, los líderes partidarios reciben diariamente la ensordecedora señal de la gente exigiendo campañas cortas, la reducción de la constante andanada de publicidad electoral y el mantenimiento de la limpieza en las ciudades. Por ello entendíamos imperioso -y lo entendemos aún con más firmeza hoy, en vísperas de una nueva contienda electoral- acotar la campaña a un ámbito que respete el derecho de los candidatos a promocionar su figura, pero también el derecho de los ciudadanos a transitar por un departamento pulcro y ordenado.
Pretendíamos que aquel proyecto generara de parte de los Partidos Políticos un compromiso de preservar la integridad y estética de las localidades colonienses. Como resultado, se convertirían en un ejemplo de conducta ciudadana promoviendo que otras organizaciones sociales siguieran el camino que podría iniciarse a partir de la aceptación del articulado propuesto.
El 2 de mayo de 2017, la Junta Departamental, a propuesta de las Comisiones de Higiene y Medio Ambiente, de Legislación y de Hacienda, la remitió a la Intendencia para recabar su opinión al respecto.
Allí está aún; languideciendo, durmiendo el sueño eterno.
Desde hace ya casi dos años y a casi cuatro años de su presentación.
Es un desconsuelo que el Ejecutivo actúe de una manera tan displicente, y máxime tratándose de un tema ambiental y de higiene urbana.
Sin dudas que la velocidad con que las ciudades van a ser visual y sonoramente contaminadas en los próximos meses, va a tener un ritmo mucho más acelerado que la toma de decisiones en el Gobierno Departamental.
Pero así actúan las autoridades.
A tener memoria.

Foto: Subrayado

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