Pablo Sitjar es vicepresidente de Vidaplan, empresa titular de Casino Nogaró, que demandó a la Dirección de Casinos por 50 millones de dólares.

Pablo Sitjar, representante de Cabildo Abierto en el directorio del Banco República (BROU), forma parte de varias sociedades anónimas, y algunas de ellas mantienen litigios con el Estado, informó este jueves el semanario Búsqueda.

Sitjar es vicepresidente de Vidaplan S.A., empresa titular de la explotación del Casino Nogaró en Punta del Este. En mayo del año pasado demandó a la Dirección General de Casinos (DGC) por 50 millones de dólares y desde agosto de 2020 está se opone a reabrir sus puertas, lo que derivó en la justicia penal.

Las salas de juego fueron cerradas en marzo de 2020 por la emergencia generada por el covid-19, en agosto la Dirección General de Casinos (DGC) ordenó la reapertura pero el directorio de Vidaplan S.A., integrado por Piero Taliento (director), Nicola D’Occhio (presidente) y Pablo Sitjar (vicepresidente), decidió no cumplir con la indicación.

Como el casino es mixto, explotado por la empresa y por el Estado, Casinos presentó una denuncia penal por el delito de “justicia por mano propia”, porque sus trabajadores no podían acceder a su lugar de trabajo.

Ana Roses, fiscal del caso, en octubre de 2020, pidió la formalización del director de Vidaplan S.A. al comprobar que “mediante la presencia permanente de guardias de seguridad en la puerta de ingreso se les impidió a los funcionarios de la DGC el ingreso”, asegura el semanario.

El Estado, a través de un decreto, decidió compensar económicamente a los trabajadores del Casino Nogaró; el decreto dice: “La única sala que no abrió sus puertas fue la del Casino del Estado Nogaró (el cual es explotado en el régimen denominado ‘sistema mixto’), por una decisión unilateral del arrendador Vidaplan S.A, quien impidió el acceso a las instalaciones del mismo a los funcionarios de la Dirección General de Casinos” .

Las diferencias entre el Estado y Vidaplan S.A no son nuevas. La empresa comenzó a hacerse cargo del Casino Nogaró en 2010, aunque ya explotaba el hotel Mantra desde antes. Vidaplan S.A. presentó el año pasado una demanda contra el Estado mediante la que reclama US$ 50 millones, publicó El País, “por discutir la naturaleza del contrato y por competencia desleal” .

Además, Sitjar está embargado desde 2018 por una deuda con la DGI a raíz de un proyecto inmobiliario.

En agosto de 2017 Sitjar había firmado un convenio para saldar la deuda, cuando era director de THS Accounting Services SA, pero la empresa dejó de cumplir con los pagos después de la cuota número 13, dejando casi un millón de pesos sin pagar, lo que llevó a la DGI a iniciar acciones legales.

Esta noticia generó disconformidad en el Sector Financiero Oficial de la Asociación de Bancarios del Uruguay (AEBU). Lorena Lavecchia presidenta de banca oficial dijo a la diaria que “es inadmisible que haya personas que le deben plata al Estado trabajando en empresas públicas”.

FUENTE: LA DIARIA

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí