La bancada de senadores del Frente Amplio (FA) presentó este martes un proyecto de ley para gravar los capitales de uruguayos depositados en el exterior del país, con el objetivo de afrontar con más dinero la crisis económica.

Con este impuesto, que implicaría una tasa del 2 % sobre el valor de los bienes gravados que excedan el mínimo no imponible correspondiente al Impuesto al Patrimonio de las Personas Físicas, entienden desde el FA que podría afrontarse de mejor forma la situación económica que atraviesa el país.

El senador Carlos Mahía, suplente de Danilo Astori, dijo en rueda de prensa que “en momentos en que Uruguay está pasando un proceso fuerte de recesión, de crisis económica y desde el gobierno nacional se le pide un esfuerzo a los uruguayos en general desde el punto de vista tributario, a los trabajadores y de hecho a los empresarios que invierten en el país por la caída de la actividad económica”, el nuevo impuesto sería “una forma de establecer justicia tributaria”.

La idea es “que aquellos uruguayos que legítimamente deciden llevar sus capitales al exterior tengan un gravamen que sea solidario” con la situación del país. Además, desde el FA entienden que podría ser “un estímulo” para que los uruguayos “decidan efectivamente colocar sus ahorros y su dinero en el sistema financiero local”.

Mahía aclaró que este impuesto “es por un tiempo determinado” y que la estimación de la recaudación sería “por base unos 60 millones de dólares”.

En cuanto al porcentaje de la tasa, Mahía dijo que es “una cifra razonable alineada con lo que en gran parte del mundo se establece como una norma”.

En la exposición de motivos del proyecto de ley, el FA señala que “si bien es cierto que todos los ciudadanos en mayor o menor medida se verán afectados por esta situación (la pandemia y la crisis económica), también lo es que algunos están en mejores condiciones para colaborar en forma solidaria con el financiamiento de las políticas sociales de apoyo a los sectores más vulnerables”.

“Con tal finalidad este Parlamento aprobó por Ley Nº19.874 de 8 de abril de 2020 la creación del ‘Fondo Solidario COVID-19’ que se financió -entre otras fuentes- con un impuesto aplicado a las remuneraciones de los funcionarios públicos y otras personas que se relacionan con el Estado, así como la creación de un adicional al IASS que grava jubilaciones, pensiones y prestaciones de pasividad similares servidas por instituciones públicas y privadas, residentes en la República”, continúa la argumentación, que recuerda que “el Poder Ejecutivo anunció la voluntad de volver a aplicar dicho impuesto en 2021”.

Desde el FA entienden que “la gravedad de la situación y la necesidad de obtener financiamiento para los fines expuestos, ameritan la definición de otros colectivos que también puedan colaborar solidariamente en la financiación del Fondo, de manera tal que no signifique un resentimiento de la actividad económica”.

FUENTE: Montevideo Portal

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