Con la llegada de la pandemia a Uruguay el año pasado, los desalojos continuaron su curso normal.

Es interesante tener en cuenta, que el año pasado la ONU manifestó su preocupación por los desalojos en tiempos de pandemia, y en que éstos, en muchos países, no se suspendieron. Por ejemplo, Balakarishnan Rajagopal, Relator Especial de la ONU sobre el derecho a la vivienda, explicó la importancia de que los Estados de todo el mundo suspendan los desalojos hasta que finalice la pandemia de Covid-19 debido a que “perder el hogar durante esta pandemia podría significar perder la vida”.

Por otro lado, se publicó una nota sobre Covid-19 por parte de Leilani Farha, Relatora Especial sobre el derecho a una vivienda adecuada, manifestando que si los Estados piden a sus habitantes que se “queden en sus casas”, es contradictorio continuar con los desalojos; ambos son incompatibles. De esta manera, solicitó a los Estados que declaren el fin de todos los desalojos hasta el final de la pandemia.

¿Qué pasó en otros países?

Por ejemplo, Argentina adoptó la decisión -el pasado año- de congelar los desalojos.

También Ecuador tomó una medida en  el mismo sentido en cuanto comenzó la pandemia. Se determinó que durante la pandemia y hasta 60 días después de su conclusión, no se podrían llevar a cabo los desalojos, excepto en casos de peligro de destrucción de la finca y en caso de uso del inmueble para actividades ilegales.

En el estado de Minnesota (EE.UU), el gobernador declaró una emergencia hasta el 14 de mayo de este año, por lo que la mayoría de los desalojos en el estado están en pausa. También se dispusieron algunas excepciones, como el poner en peligro la seguridad de un tercero, el daño a la propiedad, o si el propietario pretende vivir en el hogar.

En nuestro país, recién este año se están presentando proyectos de ley que van en el mismo sentido. Uno de los proyectos establece que en inmuebles con destino casa-habitación, en los que residan personas en situación de vulnerabilidad económica, el Juez debe prorrogar el lanzamiento por 180 días. ¿Qué se entiende por vulnerabilidad económica? Situaciones de precariedad habitacional, hogares en los que residan niños o mayores en régimen de curatela, familias en las que alguno de los miembros esté desempleado o en seguro de desempleo, familias en las que alguno de sus miembros tiene un trabajo precario, entre otros.

Otro proyecto, establece la suspensión -durante la vigencia del estado de emergencia sanitaria y hasta 90 días después del cese de la misma- de desalojos y lanzamientos iniciados contra ocupantes precarios en asentamientos irregulares, que se encuentren en situación de vulnerabilidad económica. Estos proyectos se presentan un año después de que comenzara la pandemia. Claro que son más que bienvenidos, pero tal vez se debería haber puesto este tema sobre la mesa al comienzo de la pandemia, en marzo de 2020.

Dra. María Emilia Hernández Leal.

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