Si bien para nosotros es natural vivir en una sociedad libre de la pena de muerte, lo cierto es que eso no sucede en todo el mundo. La misma subsiste en algunas naciones: desde países de occidente como Estados Unidos, donde sólo fue abolida en algunos estados, hasta China o países de Medio Oriente. Los métodos van desde la inyección letal o la silla eléctrica hasta el ahorcamiento.

Según Amnistía Internacional, en el año 2020 se registraron 483 ejecuciones repartidas en 18 países. La mayoría de ellas, de las que hay registro, se produjeron en China, Irán, Egipto, Irak y Arabia Saudí, y el primero siguió siendo el país con la mayor cantidad, si bien los datos no son del todo claros, al ser clasificados por el gobierno como “secreto de Estado”.

En Uruguay, la pena de muerte fue abolida por Ley N° 3238 del 23 de setiembre de 1907, que estableció: “Dispónese que queda abolida la pena de muerte que establecen el Código Penal y el Código Militar.” Adquirió rango constitucional en la Constitución de 1918 (artículo 163).

La pena de muerte fue aplicada desde la época de la colonización española en el actual territorio uruguayo. En aquella sociedad bárbara, las ejecuciones se realizaban a la vista del público como parte de la ejemplarización para encauzar conductas, e incluso en los patios de las cárceles bajo la mirada del resto de los reclusos.

La Constitución de 1830 no la establecía expresamente pero la daba por sentado, al establecer en su artículo 26 que la Cámara de Representantes tenía la competencia de acusar ante el Senado al Presidente, ministros, miembros de las cámaras e integrantes de la Alta Corte de Justicia por diversos delitos, entre ellos aquellos que “merezcan pena infamante, o de muerte”. Por su parte, el artículo 84 establecía que el Presidente tenía la facultad de indultar de la pena de muerte.

Haciendo un poco de historia, estas son algunas de las últimas ejecuciones en nuestro país.

1892. Facundo Luna y Carlos Bejarano fueron ejecutados por el método del fusilamiento en la Cárcel Preventiva, Correccional y Penitenciaria de Montevideo (posteriormente llamada Cárcel de Miguelete, actual Espacio de Arte Contemporáneo), después del hecho conocido como el “crimen de Bacacuá”, que supuso el homicidio de un comerciante y su empleado, con la agravante del incendio de la propiedad.

1899. Antonio Chañez fue ejecutado por fusilamiento en el patio de la misma cárcel. Chañez dio muerte a su madre mientras dormía, en 1898, cometiendo lo que se conoce como “parricidio”.

1902. Manuel Paéz y Aurelio González fueron fusilados por el homicidio de un hombre y su esposa, además del de tres peones de su estancia, entre ellos un niño de 10 años, con el objetivo de robar un dinero producto de la venta de 500 novillos que efectuó el estanciero. En el hecho también participaron Isaías González (hermano de Aurelio) y Juan Cabrera, quienes fueron condenados a 15 años de penitenciaría.

Si bien hace más de 100 años vivimos en una sociedad libre de pena de muerte, es frecuente que ante algunos hechos delictivos, parte de la población reclame la aplicación de la misma. Así, la sociedad se divide entre los abolicionistas y los anti-abolicionistas. Considero que lo mejor es plantearnos y debatir qué pretendemos con la aplicación de la pena, si realmente buscamos la resocialización o el “ojo por ojo, diente por diente”.

Dra. María Emilia Hernández Leal

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