El pasado jueves 18 estudiantes y docentes de institutos dependientes del Consejo de Formación en Educación Docente (CFE) se movilizaron en contra de la Reforma Educativa que promueven las autoridades de la Enseñanza.

En Colonia del Sacramento, un grupo de alumnos del Centro Regional de Profesores del Suroeste (CERP SW) se movilizó hasta el Palacio Municipal.

Desde uno de los pisos de ese edificio, el director de Compras de la Intendencia de Colonia (IDC), Hugo Sosa, tomó fotos de esa congregación y en su cuenta personal de Twitter, junto a una fotografía de los alumnos escribió: “Eran cuatro gatos locos consumidos por el comunismo”. Y agregó una frase que luego fue ampliamente cuestionada: “No quedan dudas, están buscando un nuevo Líber Arce”. Sosa aludía así a un estudiante de la Escuela de Prótesis Dental, militante de la Unión de la Juventud Comunista (UJC) y de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEUU) que el 12 de agosto de 1968 durante una marcha contra la violación a la autonomía universitaria, fue herido por la policía con un disparo que impactó en su arteria femoral izquierda. Ingresado al Hospital de Clínicas en estado de shock, logró ser intervenido quirúrgicamente y estabilizado horas después, aunque falleció en la mañana del 14 de agosto. Por imperio de las circunstancias, es recordado como el primer “mártir estudiantil”.

La inesperada repercusión de sus palabras -y, según se dice en corrillos, un mandato de las autoridades de la IDC- provocaron que al día siguiente Sosa escribiera: “La situación por la cual escribí mi twitt de ayer fue en un momento de indignación, ante lo que estaba viendo en la avenida. Fue a título personal  para nada involucra al Gobierno Departamental. Si a alguno le molestó lo lamento sinceramente”. Pero su ensayo de disculpas no logró apaciguar los ánimos y en la Sesión Ordinaria de la Junta Departamental del día siguiente, algunos ediles del Frente Amplio plantearon la situación, se sintieron agraviados y exigieron la destitución del jerarca.

Al reclamo se sumó la directora del CERP SW, quien requirió al intendente Carlos Moreira sancionar a Sosa por haber realizado “comentarios graves” respecto a la movilización y, valorando la relación entre el CERP SW y la IDC, pidió al intendente tomar “medidas como una muestra de respeto por ese buen relacionamiento”.

Ninguno de los dos requerimientos prosperó.

Sosa no fue sancionado y sigue ocupando hoy su cargo.

Evidentemente las expresiones de Sosa fueron desdichadas. Sin dudas. Aún más que eso, fueron inoportunas e improcedentes. No obstante, fueron realizadas a título personal, desde una cuenta de red social personal. Y además fueron borradas, por lo cual si el propio autor las eliminó por entenderlas un error, a nadie asiste el derecho de hacerlas reaparecer. En todo caso, si las jerarquías de la IDC entienden que las hizo en horario y en lugar de trabajo, y que ello no corresponde, podrían hacerle una advertencia o una amonestación, aunque seguramente si se actuara igual en todos los casos, habría numerosas reprensiones diarias en todas las oficinas públicas.

Ahora bien, dos situaciones bastante más desagradables que la mencionada tuvieron lugar días después.

Una de ellas fue la vivida por el presidente del CODICEN, Robert Silva. Tras una semana de ocupaciones y posteriores desalojos en una decena de centros educativos, su casa amaneció el sábado 20 con pintadas ofensivas. Las filmaciones de cámaras de seguridad aportadas por sus vecinos permitieron individualizar a cuatro participantes de la vandalización. Silva no estaba en su hogar cuando grafitearon su casa. Se enteró de ello por la llamada de una vecina que lo alertó, quien sabía que no estaba en Montevideo. Una vez en poder de las filmaciones, el jerarca realizó la denuncia policial.

Varias figuras políticas rechazaron las pintadas y brindaron unánimemente el apoyo al jerarca, entre ellos el presidente de la República, Luis Lacalle, la vicepresidente Beatriz Argimón, el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, el ministro de Educación, Pablo Da Silveira, el ministro de Defensa, Javier García, el secretario general del P. Colorado, Julio Ma. Sanguinetti, el presidente del Servicio de Comunicación Audiovisual (SECAN), Gerardo Sotelo, el maestro e integrante de Eduy21, Juan Pedro Mir, varios sectores políticos, legisladores, actores políticos y sociales, y hasta la propia Federación Nacional de Enseñanza Secundaria del Uruguay (FENAPES). El Partido Colorado emitió una declaración de apoyo a Silva en su última Convención Nacional, el pasado sábado 27.

La otra situación desagradable fue la vivida por el presidente Lacalle al encabezar el jueves 25 el acto de conmemoración del 197º Aniversario de la Declaratoria de la Independencia en la Piedra Alta (Florida). Durante esa instancia, un grupo de profesores y estudiantes de formación docente se hizo presente en el lugar, con pancartas y cánticos agresivos. Los futuros docentes, acusaron al mandatario de “vender el país”, además de tildarlo de “botón” e “hijo de yuta”. Lacalle escuchó lo que le cantaban, comentó: “Estos son profesores, ¿no? Me están diciendo hijo de puta”, y prosiguió su camino.

Luego, al igual que en el caso de Sosa -aunque esto fue bastante peor- los manifestantes intentaron esgrimir una justificación, no una disculpa, que a nadie convenció. Enfatizaron que no se “faltó el respeto” (sic) al presidente, y que el cántico no decía “hijo de puta”, sino “hijo de yuta”. Textualmente, el canto decía: “Te puso el Fondo (por el Fondo Monetario Internacional), Cuquito botón, avos te puso el Fondo, Cuquito botón/ te vendés a los yanquis, entregás el país/ sos un hijo de yuta, te tenés que ir”.

Vea el lector: los manifestantes -que esperemos que no representen a todos los docentes y menos aún a los estudiantes de formación docente- le faltaron el respeto y agraviaron al presidente de la República sin asumir la vulgaridad y lo indignante de su actuación, pero en cambio sostienen que “no cayó nada bien” que Lacalle se haya parado frente a ellos a escucharlos porque es “una burla”.

A leer bien y a entender mejor.

La libertad de expresión es sagrada y los reclamos son legítimos, se compartan o no.

Pero hay que ubicarse.

Primero, el hogar de una familia no es responsable de las decisiones que, en el acierto o en el error, pueda adoptar un jerarca de gobierno que no actúa, además, a título personal. Y aún más allá, pintar una fachada no es un ejercicio de la libertad de expresión, sino un delito contra la propiedad privada, penado por la ley. No se trata de criminalizar una forma de protesta, como podría esgrimir algún extraviado, sino de que imprecar, vilipendiar, infamar, y hacerlo además en un hogar, como una suerte de advertencia o amenaza, es un acto totalitario dirigido a dejar claro al funcionario que ni su hogar ni su familia serán respetados.

Y segundo, un acto patriótico no es lugar ni momento para efectuar un reclamo, cualquiera sea.

Los dos episodios mencionados son mucho peor que el de Sosa, que como ya expresamos, tampoco fue feliz. Son actos de intransigencia, de deshonor, de irrespeto. Son una afrenta, una injuria, un ultraje, un insulto, aunque algún desorientado sostenga que no se faltó el respeto a nadie.

Es claro que hay individuos frenéticos, exaltados, que eligen desconocer lo que es la Democracia y hacen de la intolerancia su blasón. Al no tener argumentos válidos para hacer frente racionalmente a los cambios que se pretenden, apelan a recursos como estos, contrarios a los valores republicanos. Porque no respetar la vida privada de las personas públicas, son expresiones totalitarias. Aunque no les guste reconocerlo.

Ante la tolerancia como valor universal que todos deberíamos practicar, vinculado con el respeto, la no violencia y el pacifismo, se yerguen estas minorías doctrinarias y auto deificadas, que para convencer no tienen más argumentos que avasallar los derechos humanos que dicen defender.

FOTO: Ignacio Dotti.

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