El caso de la imputación del ex Senador del Partido Nacional Gustavo Penadés por 22 presuntos delitos, sigue levantando polvareda en nuestra sociedad en general y en nuestro sistema político en particular.
La semana pasada culminó con las duras declaraciones de Fernando Pereira, Presidente del Frente Amplio, que acusó a integrantes del Partido Nacional de preocuparse más porque Penadés les haya mentido, que por la extrema gravedad de las acusaciones.
Varias figuras del Partido Nacional salieron al cruce de esas declaraciones, exigiendo la rectificación de Pereira. Fue el caso del Presidente del Honorable Directorio del Partido Nacional, Pablo Iturralde Viñas y del Ministro de Defensa, Dr. casi Pediatra, Javier García. Éste último se agravió por la agresividad de las declaraciones de Pereira a quien acusó de violento, y manifestó su preocupación por el bajo nivel de la lucha pre-electoral que ya se lanzó. Una ofensa que cuesta un poco entender, cuando desde filas del Partido Nacional se han lanzado los más diversos insultos y agresiones hacia el Frente Amplio, desde acusarlo de incoherentes, destructores de la nación y complicidad con el PIT-CNT para poner palos en la rueda; hasta la acusación de ser financiados por el narcotráfico y las denuncias penales que intentan desviar la política hacia el campo judicial.
De todas maneras, Fernando Pereira terminó reconociendo que sus declaraciones pecaron de excesivas, por haber generalizado su acusación a todo el Partido Nacional, cuando en realidad se refería a algunos legisladores, como los Senadores Da Silva y Bianchi.
NO PARECE COMPRENDERSE LA GRAVEDAD DE LOS DELITOS
Sin embargo, las duras declaraciones de Pereira parecen tener cierta veracidad en cuando a que hay importantes figuras del Partido Nacional que no parecen comprender la gravedad de los delitos imputados al ex Senador Penadés. Por ejemplo, el Senador Sergio Botana, que con su tono agresivo y patotero, aseguró en declaraciones públicas que: “La administración de Lacalle Pou no transa con ninguna corruptela”.
¿Corruptela? Según el Diccionario de la REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, corruptela es una forma de corrupción: Mala costumbre o abuso, especialmente los introducidos contra la ley.
¿Para Botana la acusación de violar niños, cometer abusos contra menores y pagarles por favores sexuales, es “corruptela”? ¿Es lo mismo para él que recibir una coima o dejar pasar una botella de whisky de contrabando? Bueno, está entendiendo poco Botana. Y esto es mucho más grave que defender la circulación de motociclistas sin casco o la anulación de la exigencia del alcohol cero para manejar, que han sido algunas de sus campañas “en bien de la sociedad”.
UNA TRAMA ILEGAL EN DEFENSA DE PENADÉS
Pero el tema de Penadés deja muchos otros ángulos para su análisis.
Por ejemplo, el uso del aparato del Estado para incidir en su proceso penal y dificultar la acción de la Justicia. Desde un primer momento, sus abogados exigieron el conocer la identidad de los denunciantes, claramente interesados en presionarlos y disuadirlos de su actitud que perjudicaba a su defendido. Al no resultarles posible por la negativa del sistema Judicial, Penadés y sus cómplices, optaron por utilizar a funcionarios policiales –algunos de alta jerarquía– e incluso funcionarios de otras reparticiones del Estado, para conocer a los denunciantes y luego presionarlos con arrestos injustificados, seguimientos, hostigamiento y acciones destinadas a desestimular la presentación de denuncias, como detener en la calle y revisar a personas que llegan a los domicilios de algunos de los vinculados a estos hechos.
El Ministro del Interior, Luis Alberto Héber, nos quiere convencer que más allá de tres o cuatro funcionarios corruptos, que se prestaron a esta presión ilegal y a brindar un apoyo vergonzoso al inculpado, debe valorarse el accionar de la Policía como tal, que fue la que “descubrió” estos hechos. Mentira. Si así hubiera sido, el tema habría pasado a Asuntos Internos del Ministerio, lo que nunca se hizo. La que descubrió este accionar delictivo de los policías corruptos, fue la Fiscalía, que a través del análisis de los teléfonos de varios implicados, llegó a la conclusión de que existía una trama ilegal para apoyar a Penadés y determinó que la Policía investigara. Y recién entonces la Policía, sin otro camino, tuvo que investigar el accionar de los funcionarios infieles.
ORGANISMOS QUE MIRAN PARA EL OTRO LADO
Otro aspecto: ¿por qué el Parlamento, a través de ambas Cámaras (porque había sido electo Representante Nacional pero estaba ocupando una banca en el Senado como suplente de Luis Alberto Héber) no dudó en expulsarlo por unanimidad, siendo que su causa penal recién comienza? Existe un principio básico en la Justicia y es que toda persona es inocente de cualquier cargo hasta que se demuestre lo contrario. Y a Penadés aún no se le ha condenado por ningún delito. Al parecer, la aplicación del Art. 115 de la Constitución que justificó la resolución de las Cámaras, se basó en el texto que habla de “actos de conducta que le hicieran indigno de su cargo”. No se habla de delitos. Y es posible que el Parlamento, que conoce detalles de la acusación de Fiscalía que les fueron comunicados cuando el pedido de desafuero, tenga los argumentos suficientes como para llegar a esta gravísima resolución.
Otro apunte: el caso Penadés ha puesto en evidencia la existencia de lugares públicos que se utilizan para la conexión con menores, para ofrecerles dinero a cambio de prácticas sexuales. A veces, compartiendo espacios con mayores de edad que ejercen la prostitución. Y la pregunta es: si muchos conocen esos lugares en Montevideo y en las “zonas rojas” de muchas ciudades del interior, ¿qué hacen las autoridades responsables al respecto?
DOLOROSA FALTA DE EMPATÍA
Finalmente: lo que dijo Pereira en una generalización que él mismo reconoce como injusta y exagerada, no deja de tener visos de realidad, no sólo entre los acusados por Pereira, dirigentes del Partido Nacional, sino en la sociedad en general. Me refiero a la falta de empatía con las víctimas. Desde los que hablan de “prostitución” de los menores involucrados, cuando la ley es clara en que en caso de menores, se trata de explotación sexual, pues no se considera que estén aptos para la elección de esa actividad en forma consciente; hasta los que justifican a quienes aducen desconocer la calidad de menor de la víctima, como ha sucedido en el caso de varios de los acusados de la Operación Océano.
Esa falta de empatía hace que no se comprenda lo que significa para alguien que ha sido abusado durante su infancia o adolescencia, ir a la Justicia a denunciar los hechos, con la carga de vergüenza, humillación, culpabilidad –que nunca falta en la mirada retrospectiva sobre lo sucedido– lo que produce una dura re-victimización.
Como si todo eso fuera poco, escuchábamos el viernes pasado en “La Tertulia” del programa “En perspectiva” de Radio Mundo 1170 AM, a uno de los integrantes de la mesa, Alejandro Abal, que en sus comentarios planteaba que habría que actuar de oficio sobre la responsabilidad de los padres o tutores de estos menores víctimas, por lo que les corresponde en el cumplimiento de los deberes inherentes a la patria potestad.
O sea, que además de todos los obstáculos que una víctima de delitos sexuales debe atravesar, Abal quiere que se agregue la posibilidad de que sus padres vayan presos. Realmente, se entiende muy poco de estas situaciones: lo dicho: total falta de empatía.
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FOTO: Caras y Caretas.
