Muchas veces cuando miramos una serie o película norteamericana, escuchamos que la policía al detener a una persona le informa los derechos que le asisten, por lo que todos hemos escuchado la famosa frase: “Tiene el derecho a guardar silencio. Cualquier cosa que diga puede y será usada en su contra en un tribunal de justicia. Tiene el derecho de hablar con un abogado y que un abogado esté presente durante cualquier interrogatorio. Si no puede pagar un abogado, se le asignará uno pagado por el gobierno. ¿Le han quedado claro los derechos previamente mencionados?”; no se trata de un simple guion cinematográfico, sino que esta lectura de derechos fue establecida luego de que la Corte Suprema de los Estados Unidos resolviera en el caso “Miranda contra Arizona”.

En el año 1963, a raíz de un secuestro y violación en la ciudad de Phoenix (estado de Arizona – Estados Unidos) se detuvo a Ernesto Miranda quien contaba con antecedentes penales, el cual confesó a los policías sin ser advertido previamente de que tenía derecho a contar con un abogado y a guardar silencio, por lo que en el desarrollo del juicio el Fiscal ofreció como prueba la confesión de Miranda, la cual fue objetada por los abogados defensores ya que alegaron que Miranda no sabía que podía tener un abogado presente en su interrogatorio o que podía optar por guardar silencio.

Los policías que llevaron adelante el interrogatorio admitieron en el juicio que no le habían informado directamente a Ernesto Miranda sobre los derechos que le asistían.

A pesar de los intentos de la defensa por que se declarara inadmisible esa confesión, Miranda fue declarado culpable de los delitos por los que se lo acusaba.

La condena fue confirmada por la Corte Suprema de Arizona por lo que se presentó un recurso ante la Corte Suprema de Estados Unidos quien en el año 1966 declaró que la persona detenida debe ser informada de sus derechos por lo que revocó la sentencia anterior y fue absuelto; sin perjuicio de ello Miranda transitó un nuevo juicio y resultó condenado.

Estos derechos que todos hemos escuchado en series y películas se denominan “advertencia Miranda”, “reglas Miranda” o “derechos Miranda”; muchos se preguntarán que valor tienen estos derechos en nuestro país y si son de aplicación en nuestro sistema. Debo decir que estos derechos son de aplicación en nuestro proceso penal y también a raíz de una sentencia del TCA del año 2017 (Tribunal de lo Contencioso Administrativo) se entendió que las referidas garantías son aplicables a los procedimientos realizados por los organismos recaudadores y el no dar cumplimiento a dichas garantías deja sin efecto la prueba obtenida en dicho procedimiento y a aquellas que derivan de dicho acto ilícito. Lo que se busca es dar un estricto cumplimiento al debido proceso y donde este no se cumpla se verá contaminada la prueba obtenida, por lo que no tendrá ningún valor ya que fue obtenida de manera ilícita (doctrina de los “frutos del árbol envenenado”).

Nuestra Constitución de la República en su artículo 20 expresa que: “Quedan abolidos los juramentos de los acusados en sus declaraciones o confesiones, sobre hecho propio; y prohibido el que sean tratados en ellas como reos”; por lo que nuestra Constitución reconoce el derecho a permanecer en silencio y a no declarar contra sí mismo. El silencio del imputado nunca puede considerarse en su contra.

También encontramos a estos derechos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) aprobada en nuestro país por el art. 15 de la Ley 15.737 del año 1985; en el artículo 8 de dicha Convención encontramos las garantías judiciales, donde se enumeran una serie de garantías mínimas a las que toda persona tiene derecho durante el proceso; en el numeral 2 literal g) consagra el Derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a declararse culpable. El artículo 8.3 expresa que la confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin coacción de ninguna naturaleza.

Por otra parte, nuestro Código de Proceso Penal (Ley 19.293) en el artículo 7 regula como principio la defensa técnica, este principio constituye una garantía del debido proceso y por ende, un derecho inviolable de la persona. El imputado tiene derecho a ser asistido por defensor letrado desde el inicio de la indagatoria preliminar, ya sea defensor privado o público.

En el artículo 64 encontramos los derechos y garantías que tienen los imputados, entre ellos en el literal h) se establece el derecho a guardar silencio, sin que ello implique presunción de culpabilidad; en el literal i) se establece el derecho a negarse a prestar juramento o promesa de decir la verdad. Siguiendo dentro del mismo cuerpo normativo el código en su artículo 146 refiere a la confesión y establece que para que la confesión tenga valor probatorio es preciso que el imputado, asistido por su defensor, la haya prestado libremente ante el tribunal, y que además otro u otros elementos de convicción la corroboren. Por tanto, para que la confesión tenga valor, el hecho confesado tendrá que ser posible, verosímil, coherente y concordante con otros medios de prueba. En definitiva, las llamadas “advertencias Miranda” tienen plena aplicación en nuestro sistema jurídico, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) entiende que no basta con solo mencionar los derechos que le asisten al imputado, sino que se le deben explicar dichos extremos y asegurarse que el imputado los entendió, de lo contrario sería un mero cumplimiento formal y no se estaría cumpliendo con la función que se pretende.

Por Dr. Edgardo Mariotta – Abogado Penalista.

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