Los informes técnicos elevados al Poder Ejecutivo confirman aumentos del 4% para UTE y 3,5% para Antel. En contraste, OSE plantea un incremento por encima del IPC proyectado (4,5%), desatando fuertes críticas de la oposición que califica la medida de “tarifazo”.
El escenario tarifario para el comienzo de 2026 ha quedado definido tras la presentación de los informes de las empresas públicas. Mientras UTE y Antel han optado por ajustes que se ubican por debajo de la inflación proyectada para el próximo año -estimada en un 4,5%-, la empresa estatal de aguas (OSE) ha marcado la excepción con una propuesta de aumento superior, argumentando la necesidad de corregir desequilibrios estructurales.
Los números, empresa por empresa
- OSE (8,5%): Es el aumento más polémico. La suba se desglosa en un 4,8% por evolución de costos y un 3,7% adicional destinado a financiar el plan de inversiones y cubrir déficit. Según el organismo, esto representará un incremento aproximado de $70 en la factura del 90% de los hogares (consumos de hasta 15 m³). En el interior, para quienes cuentan con saneamiento, el impacto rondará los $130.
- Excepción: Para los hogares vulnerables y beneficiarios de tarifas sociales, el ajuste se limitará al 4,8%.
- UTE (4% promedio): El ente energético propuso un ajuste general del 4%. Sin embargo, la tarifa Residencial Simple, que abarca a más de un millón de clientes, tendrá un incremento menor, del 2,93%. Por otro lado, la carga para vehículos eléctricos subirá un 5%.
- Antel (3,5%): La telefónica estatal definió el menor de los ajustes, aplicando un 3,5% promedio tanto para los planes de datos móviles como para los servicios de internet en el hogar, manteniéndose un punto porcentual por debajo de la inflación esperada.
Reacciones: “Ineficiencia arriba y ajuste abajo”
La confirmación de estos números generó inmediatas repercusiones en el ámbito político. Desde la oposición, legisladores del Partido Colorado cuestionaron duramente la gestión del gobierno y del equipo económico liderado por Gabriel Oddone.
El diputado Gabriel Gurméndez criticó la medida recordando los cuestionamientos que el actual oficialismo realizaba en el pasado: “Hace un tiempito, a esto seguro lo llamaban un ‘tarifazo neoliberal’ o ‘ajuste fiscal encubierto'”, ironizó.
Por su parte, el diputado Adrián Juri fue categórico al señalar que el aumento de OSE es “desmedido” y castiga a la clase media. “Se vuelve a meter la mano en el bolsillo a los trabajadores. Usan otra vez la misma receta: ineficiencia arriba y ajuste abajo. Hablan de desequilibrios, pero nunca de mala administración o despilfarro”, sentenció Juri, instando al presidente Yamandú Orsi a rever la decisión.
El Poder Ejecutivo tiene ahora la última palabra para oficializar estos decretos, que entrarán en vigencia el próximo 1° de enero de 2026.
