La diputada colorada por Colonia, Nibia Reisch, presentó un proyecto de ley que busca fortalecer la prevención del ahogamiento y mejorar la seguridad acuática en Uruguay. La propuesta establece medidas concretas para reducir los riesgos en playas, piscinas, ríos y demás espacios acuáticos, garantizando una mayor protección para la ciudadanía.
En conversación con HELVECIA la reelecta diputada por el departamento de Colonia dijo que este Proyecto fue presentado en el período pasado, -al que se le suma endurecer las sanciones para quienes agreden a guardavidas, inspectores y fiscalizadores de tránsito- y presentado también el 18 de Febrero en la nueva legislatura. Reisch asumirá la próxima semana como presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados.
En los últimos 5 años existieron 189 fallecimientos por ahogamiento en Uruguay y es la primera causa de muerte por lesiones no violentas en niños menores de 5 años y la segunda por lesiones no violentas en menores de 10 años.
La iniciativa impulsa la presencia obligatoria de guardavidas en zonas de alta concurrencia, la instalación de señalización clara en áreas de riesgo y la implementación de un sistema de monitoreo y alerta para prevenir accidentes.
Además, se plantea la capacitación obligatoria en primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar (RCP) para guardavidas y personal de centros recreativos, así como la incorporación de contenidos sobre seguridad acuática en la educación formal. También se prevé el desarrollo de campañas nacionales de concientización, dirigidas a la población en general, para fomentar el conocimiento de los riesgos y las medidas de prevención.
“El ahogamiento es una de las principales causas de muerte prevenible en el país. Con este proyecto queremos generar herramientas efectivas para evitar tragedias y garantizar mayor seguridad en los espacios acuáticos”, expresó la legisladora.
En paralelo, la diputada Reisch presentó otro proyecto de ley que propone endurecer las sanciones contra quienes agredan a guardavidas, inspectores de tránsito y fiscalizadores en el ejercicio de sus funciones. Esta iniciativa amplía la protección legal ya existente para trabajadores de la educación, la salud y el transporte, estableciendo penas más severas para quienes los ataquen física o verbalmente.
