En un giro inédito para la seguridad y la reinserción juvenil, el Ministerio de Defensa abre las puertas de las Fuerzas Armadas al INISA. El plan piloto busca reconvertir a jóvenes en conflicto con la ley a través de la disciplina y oficios técnicos, desde mecánica naval hasta aeronáutica.
A partir del próximo mes de marzo, la rutina militar de tres unidades de las Fuerzas Armadas uruguayas se verá alterada por la llegada de un nuevo contingente. No son reclutas tradicionales, sino 30 adolescentes provenientes del sistema de privación de libertad.
El ambicioso plan piloto, fruto de un acuerdo estratégico entre el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (INISA) y el Ministerio de Defensa Nacional, apuesta a romper el ciclo de la delincuencia mediante una inmersión controlada en oficios de alta demanda y la estructura de valores castrenses.
Un oficio como arma de futuro
El programa no busca “militarizar” a los jóvenes, sino aprovechar la infraestructura logística y técnica de las fuerzas para brindar capacitaciones que difícilmente se encuentran en el sistema educativo tradicional de contextos vulnerables.
Los 30 seleccionados serán distribuidos en las tres ramas, aprendiendo habilidades específicas que podrían garantizar su salida laboral inmediata al cumplir la pena:
- Ejército Nacional: Instrucción en equitación y cuidado equino, una disciplina que fomenta la empatía y la responsabilidad.
- Armada Nacional: Cursos de mecánica naval, aprovechando los talleres de la flota.
- Fuerza Aérea: Formación técnica en mecánica aeronáutica, un sector de alta especialización.
El desafío de la inserción
La iniciativa responde a la urgente necesidad de ofrecer alternativas reales a los jóvenes que egresan del sistema penal, quienes a menudo reinciden por falta de oportunidades. Autoridades del INISA han destacado que la clave del éxito radicará en la disciplina y el aprendizaje de un “saber hacer” práctico.
Si bien el plan comienza con un grupo reducido, el gobierno monitoreará de cerca los resultados. De ser exitoso, este modelo de cooperación entre la defensa nacional y la seguridad social podría escalarse, planteando un nuevo paradigma sobre cómo el Estado utiliza sus recursos más rígidos para solucionar sus problemas más humanos.
