Se cumplen diez años de las inundaciones que afectaron severamente la estructura del emblemático Monumento Histórico Nacional. Vecinos y fuerzas vivas de la zona reclaman por la falta de acciones concretas por parte de las autoridades competentes.

Este 16 de abril se cumple el décimo aniversario de las intensas inundaciones que provocaron daños estructurales de entidad en el Puente Negro, ubicado en La Paz C.P. Se trata del primer puente carretero con estructura de hierro en el país; sin embargo, a pesar de su estatus como Monumento Histórico Nacional, el paso del tiempo y la falta de intervenciones efectivas han profundizado el deterioro de esta infraestructura clave para el patrimonio y la identidad de la región, que aún aguarda por una restauración.

El evento climático de 2016 marcó un antes y un después para la comunidad local. En aquel entonces, el desborde de los cursos de agua y la fuerza de la corriente impactaron directamente contra la estructura vial, dejando secuelas que, a la fecha, no han sido subsanadas. Desde aquel momento, sucesivas administraciones y autoridades de distintos niveles de gobierno han visitado el lugar realizando anuncios y promesas de reparación que, en la práctica, no se han traducido en obras visibles.

La situación del Puente Negro representa una preocupación estética, patrimonial y un firme reclamo social de los habitantes de la zona, donde hoy está prohibido circular tanto en vehículos como a pie. Como Monumento Histórico, su mantenimiento depende de una coordinación entre organismos nacionales y departamentales que, según denuncian los vecinos, han mantenido el tema en una parálisis burocrática durante diez años. La falta de respuesta ha generado un clima de escepticismo en la comunidad, que ve cómo uno de sus símbolos más importantes se degrada con cada temporada de lluvias.

A diez años de aquel desastre natural, el reclamo por acciones inmediatas vuelve a cobrar fuerza. La comunidad de La Paz C.P. espera que este aniversario sirva como un llamado de atención definitivo para que las autoridades responsables pasen de los compromisos verbales a la ejecución de un proyecto de recuperación integral, garantizando la preservación de este bien histórico para las futuras generaciones.

Cabe destacar que en el presupuesto de la Intendencia que fuera votado, y que se encuentra a la espera del dictamen del Tribunal de Cuentas, se incluyó un fondo destinado a realizar un estudio de obras y costos para la reparación del mismo.

Por Silvia Armand Ugon. Edición: Carlos Malan Caffarel.

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