Cuando comenzó la etapa de vacunación contra el covid-19 en nuestro país, las autoridades difundieron que -al momento de la inoculación- el ciudadano debe firmar un “Acuerdo de vacunación voluntaria y gratuita”. El texto del “acuerdo” es el siguiente:

El Estado Uruguayo está ofreciendo a la población la posibilidad de vacunarse contra el COVID 19 para prevenir la enfermedad del Coronavirus causada por el SARS – CoV 2. A tales efectos, se ha definido una política de vacunación voluntaria y gratuita. Que la vacunación sea voluntaria significa que cada persona que decida vacunarse podrá hacerlo, sujeto al cumplimiento del plan de vacunación que contempla un proceso escalonado y priorizando los grupos de personas más expuestas y los que tienen mayor riesgo de afectación para su vida y salud en caso de contraer la enfermedad. 

En virtud de lo anterior, yo consiento que cualquier acción legal o procedimiento judicial o extrajudicial, por cualquier concepto y de cualquier naturaleza, a ser iniciado por mí, incluyendo (sin limitación) contra el fabricante de la vacuna o la República Oriental del Uruguay, que surja de, o se encuentre relacionado o en conexión (directa o indirectamente) con, la recepción de la o las vacunas, será presentado exclusivamente ante los tribunales competentes de la República Oriental del Uruguay, rigiéndose dicho eventual reclamo exclusivamente por las leyes de la República Oriental del Uruguay.

Nombre:

Fecha:

Lugar

C.I:

Firma:

La población comenzó a preguntarse qué significa este “acuerdo” y en qué limita a la hora de, por ejemplo, reclamar ante un eventual efecto secundario o secuela.

Desde el punto de vista jurídico, podemos decir que esto no es ni un “consentimiento informado” ni un “acuerdo”. El consentimiento informado incluiría brindar la información detallada sobre la vacuna, sus características, sus efectos secundarios y el riesgo que trae aparejado la prestación de salud (la vacuna) Esto no aparece en el texto de nuestro país.

Lo que firmamos no es un “consentimiento informado” ni un “acuerdo”, sino que es lo que en Derecho llamamos un “contrato de adhesión”. ¿Qué significa? Es aquel contrato que no tiene un margen de negociación, lo tomamos como nos es dado o no lo aceptamos; no podemos modificarlo. Uno de los ejemplos más claros, son los contratos que firmamos con las emisoras de las tarjetas de crédito: o aceptamos el contrato como nos es presentado, o no nos otorgan la tarjeta de crédito.

En el caso de la vacunación, es lo mismo: o aceptamos y firmamos este contrato, o no recibiremos la vacuna.

El texto incluye, en la primera parte, una introducción, haciendo referencia al proceso de vacunación en sí.

En la segunda parte, se establece que el ciudadano acepta que cualquier reclamo vinculado a la vacuna, se dilucidará ante los jueces uruguayos y aplicando las leyes uruguayas.

¿Qué quiere decir eso que cualquier reclamo se realizará ante los jueces de nuestro país y que se aplicarán las leyes de nuestro país? No significa que acepto cualquier efecto secundario que me pudiera ocasionar la vacuna, sino que si pretendo reclamar en un futuro (por un efecto o secuela de la vacuna) debo hacerlo ante los tribunales uruguayos, es decir, no podré iniciar un juicio internacional ni adherirme a reclamos colectivos a nivel mundial, por ejemplo, presentarme ante la Corte Interamericana.

Tenemos que tener en cuenta que detrás de estos procesos de producción de vacunas existen relaciones asimétricas, tanto entre los laboratorios y los Estados, como entre los Estados y los ciudadanos. Entre los laboratorios y los Estados, la relación es asimétrica en perjuicio de los Estados: en general, los Estados no tienen un margen para negociar, y los laboratorios buscan descargar la responsabilidad en los Estados, es decir, buscan eximirse de responsabilidad. Por otra parte, hay una relación asimétrica entre los Estados y los ciudadanos, porque como ciudadanos no tenemos margen para negociar (o firmamos el texto o no recibimos la vacuna)

Lo importante es tener en cuenta que la firma de este texto al momento de vacunarnos, no significa que aceptamos los efectos secundarios o secuelas de la vacuna, ni que no podamos reclamar al Estado, sino que podremos hacerlo pero ante los jueces de nuestro país (no ante la justicia internacional) Esto sí puede plantear dudas y críticas en cuanto al acceso a la justicia.

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