Ante los recientes hechos acontecidos en Paysandú y Río Negro debido a los incendios forestales, lo que significó la afectación de unas 24 mil hectáreas y por ende a productores con animales en pastoreo y a apicultores, el ministro Fernando Mattos y un equipo de directores del MGAP junto al ministro de Ambiente, Adrián Peña recorrieron las zonas y dialogaron con los  vecinos. Asimismo, se contó con el apoyo de los Intendentes y las autoridades locales quienes articularán a través de la Unidad de Descentralización del MGAP, de manera interinstitucional, las ayudas definidas. 

Fernando Mattos anunció que “se constituyó un comité de evaluación de efectos del incendio, cuantificando las pérdidas en el sector productivo para generar medidas de ayuda específicas”.
Por otra parte, informó que las seccionales afectadas por los incendios serán incluidas dentro de la declaración de Emergencia Agropecuaria dispuesta el pasado 30 de diciembre. Las mencionadas zonas corresponden en Paysandú a la seccional 12ª y en Río Negro a la 4ª, 5ª y 7ª. (Ver resolución, al pie).

En este sentido, se continuará evaluando los daños en los días sucesivos para seguir definiendo hacia donde liberar los fondos del Fondo Agropecuario de Emergencia que se activa a raíz de la declaración de emergencia.
Los directores de Desarrollo Rural, Descentralización, Forestal, Sanidad Animal, SNIG, Granja y Recursos Naturales del MGAP participaron en esta instancia de diagnóstico de la situación de modo de encontrar posibles soluciones.

Por su parte, Mattos expresó que el ministerio está abocado a resolver los problemas más urgentes, como dónde realojar los ganados y cómo proporcionarles agua y forraje. A tales fines, este miércoles 5 sesionará el Consejo Agropecuario Departamental para solucionar la situación del ganado a pastoreo que se encontraba en la zona de los incendios. Al mismo tiempo, los jerarcas propusieron adecuar el calendario de vencimientos de la Contribución Inmobiliaria Rural y fraccionar voluntariamente en cuotas el próximo vencimiento del BPS rural para enero. En cuanto al sector privado, empresas forestales y proveedores de servicios están trabajando junto a la Dirección Forestal para evaluar los perjuicios generados.

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