Andrés Pérez es odontólogo y vocero de un grupo de profesionales cincuentones que, desde el interior del país, reclaman al gobierno y al Parlamento que la reforma a la Caja de Profesionales Universitarios contemple su situación particular: la de quienes, tras aportar durante casi tres décadas, se ven hoy obligados a trabajar cinco años más y percibir jubilaciones sensiblemente menores.
En diálogo con HELVECIA, Pérez explicó que el proyecto de ley en estudio “acelera la transición” hacia el nuevo régimen previsional de forma más dura que en el régimen general aprobado en 2023, que comienza a aplicarse gradualmente para nacidos a partir de 1973. En cambio, en la Caja de Profesionales, el proyecto propone que esta transición rija desde 1967, afectando directamente a quienes hoy tienen entre 56 y 58 años. “Es decir, personas que estaban a muy poco de poder jubilarse con las condiciones anteriores, deberán trabajar cinco años más. Eso es notoriamente injusto”, afirmó.
Según Pérez, esta situación genera una doble desigualdad: “Una persona que ejerce como dependiente en un organismo estatal puede jubilarse a los 60 años. Pero si ejerce como profesional liberal tiene que llegar hasta los 64 o 65. Es un disparate”.
Además del aumento de la edad jubilatoria, los aportes también se elevarían significativamente. “Una persona que está en la categoría máxima paga hoy entre 36 y 38 mil pesos por mes. Son cifras imposibles para muchos, especialmente en el interior, donde el trabajo no abunda”, indicó.
El vocero fue claro al señalar que el sistema actual “obliga” a los jóvenes a ingresar a la Caja sin ofrecer alternativas. “Cuando uno se recibe, no tiene opción. Hay que anotarse y aportar. Pero el descrédito hacia la Caja es tan grande que muchos terminan trabajando en negro, porque no tienen otra manera de sostenerse. Y eso es lo que este proyecto está fomentando: más informalidad”, lamentó.
La historia viene de lejos
La Caja de Profesionales fue creada hace 70 años, y agrupa a médicos, odontólogos, psicólogos, escribanos, periodistas, abogados y otros trabajadores liberales. A lo largo del tiempo, las condiciones de aporte y retiro han variado, pero el nuevo proyecto —impulsado por el Poder Ejecutivo— plantea una reforma profunda: aumentar los aportes hasta 22,5 %, modificar las categorías, eliminar beneficios como el cálculo de la jubilación sobre los mejores tres años y extender la edad mínima jubilatoria.
En el caso de los “cincuentones”, Pérez reclama que se respete el “contrato” original que firmaron con la Caja al incorporarse: “Nosotros hicimos nuestra carrera, aportamos durante casi 30 años con reglas claras. No se puede ahora, de golpe, decirnos que tenemos que aportar cinco años más. No es serio ni justo”.
Agrega que, si se permitiera a los profesionales cobrar los timbres al valor real y se devolvieran ciertos subsidios que actualmente se transfieren a otros sistemas previsionales, la Caja sería “totalmente solvente”. “No es cierto que haya que rescatarla con dinero estatal. Pero se nos quiere mostrar como un grupo privilegiado cuando en realidad somos trabajadores, muchos con enormes dificultades para sostener nuestros consultorios”.
Profesionales del interior más golpeados
En ciudades del interior como Nueva Helvecia, la situación es especialmente crítica. Muchos profesionales no pueden alquilar un local por los costos que implica la Caja. Otros trabajan en negro o en condiciones irregulares, por ejemplo se agrupan entre varios, uno aporta y el resto se transforma en casi dependiente de quien aporta. Es lo que este sistema empuja, porque no se adapta a la realidad de hoy. Pérez es tajante en este sentido: los profesionales deben aportar y no buscar soluciones que no se adapten a las leyes. Sin embargo, esta ley golpea a una población que si bien todavía está en condiciones de trabajar, la competencia es dura, porque lo que recién se reciben también tiene derecho a ejercer su profesión de manera liberal, pero el Estado la pone difícil.
En 2024, un 40 % de los profesionales en Uruguay declara no ejercer su profesión de forma liberal, es decir, no trabaja de manera independiente, según estudios de la Caja de Profesionales. Esta tendencia se observa especialmente entre los abogados, muchos de los cuales se desempeñan en el Poder Judicial o en la Fiscalía, donde no pueden ejercer en forma liberal y, por lo tanto, se ven obligados a declarar “no ejercicio”, según informó Subrayado.
El grupo de los cincuentones ha realizado paros, enviado cartas y busca incidir en el debate parlamentario para lograr una modificación. “No pedimos privilegios. Solo pedimos que se nos trate como a cualquier trabajador uruguayo, con reglas claras y transiciones razonables”, concluyó Pérez.
