Es innegable que año tras año la sociedad se va deteriorando y con ello el delito crece de forma ininterrumpida; por un lado la sociedad reclama mayor seguridad y por el otro los gobernantes se rasgan las investiduras con acusaciones cruzadas como si resolver este flagelo fuese tan sencillo; de ambos lados se ofrecen recetas para disminuir los hechos delictivos pero es claro que en esto no existen recetas mágicas, o quizás hay recetas que podrían dar resultado pero que por varios motivos no interesan aplicar.
Una y otra vez, año tras año, gobierno tras gobierno, el tema seguridad es un tema central ya que cada vez se está peor; todos los gobiernos invierten y han invertido en seguridad, pero no se ha invertido o por lo menos no como se debería en un lugar clave que es el sistema carcelario. Muchas personas piensan que es en el último lugar que se debería invertir ya que quieren que el castigo sea lo más severo posible perdiendo de vista que el castigo es perder la libertad, lo otro ya deja de ser castigo y pasa a ser una especie de tortura, pero desde un análisis técnico como profesional en el área del Derecho Penal considero que merecen cumplir su condena en condiciones que no sean violatorias de los derechos humanos y que se les ofrezca todas las condiciones posibles para poder rehabilitarse. Siguiendo a nuestra Constitución el artículo 26 expresa que: “A nadie se le aplicará la pena de muerte. En ningún caso se permitirá que las cárceles sirvan para mortificar, y sí sólo para asegurar a los procesados y penados, persiguiendo su reeducación, la aptitud para el trabajo y la profilaxis del delito”; ¿realmente piensan que cumplimos con este mandato Constitucional?, yo creo que no estamos ni cerca y quizás una parte importante de la sociedad mire para otro lado porque vea como algo imposible pasar por un centro de reclusión, pero como siempre digo, basta con tener un accidente de tránsito para terminar privado de la libertad y compartir lugar con otros reclusos, en esas cárceles a la que ningún gobernante decide transformar y de las que poco se habla.
Quizás podríamos preguntarnos ¿por qué si sabemos que se violan los derechos humanos no se hace nada para revertirlo?, no tengo las respuestas, pero no hay que olvidar que las personas privadas de su libertad tienen la ciudadanía suspendida por lo que no votan (artículo 80 de la Constitución de la República).
70% DE REINCIDENCIA
A lo largo de los años venimos viendo no solo en nuestro país sino en muchos que una forma económica de intentar bajar los índices delictivos es aumentando las penas, claro, alcanza con que los legisladores levanten la mano y voten el incremento de la pena en cuestión, pero bien sabemos (los que nos dedicamos a esto al igual que los gobernantes) que la persona que está dispuesta a cometer un delito no anda con el código penal debajo del brazo analizando que pena podrá recaerle en caso de ser aprehendido, pero se sigue insistiendo en lo mismo, ¿terquedad o ignorancia? vaya uno a saber pero los resultados no cambian.
En nuestro país no existe la cadena perpetua y la pena máxima se encuentra prevista en los 30 años de penitenciaría, la cual puede llegar a extenderse hasta los 45 años en los casos de delitos de gran peligrosidad, en virtud que en estos casos se podrán agregar hasta 15 años de medidas de seguridad, extendiendo entonces el máximo de pena previsto en el país (30 años) a 45 años. Esto significa que las personas que pasan por el sistema carcelario luego de cumplida su pena vuelven a convivir con nosotros, vaya si será importante hacer todo lo posible para que cuando vuelvan a insertarse a la sociedad lo hagan desde otro lugar y no reincidan en el delito. Si bien no hay datos precisos sobre la tasa de reincidencia en nuestro país, se estima que anda en un 70%, si, como lo acaba de leer, 7 de cada 10 personas que son condenadas por la comisión de un hecho delictivo, luego de cumplida la pena vuelven en algún momento a delinquir.
A modo informativo, nuestro país culminó el año 2022 con 408 personas privadas de libertad cada 100.000 habitantes, esto da una tasa de encarcelamiento que triplica la media mundial estimada por la ONU.
Con estos datos tan evidentes, seguimos siendo espectadores de los incrementos de penas y de discusiones sin sentido, porque es más sencillo modificar el código penal que hacer un cambio radical en el sistema carcelario y cambiar el enfoque teniendo en cuenta que las personas cumplen la pena impuesta y vuelven a convivir entre nosotros.
Luego de esto los invito a reflexionar al respecto dejando de lado cuestiones políticas partidarias ya que con información podemos discernir, cuestionar y dejar de comprar recetas obsoletas que se nos han estado vendiendo desde la vuelta a la democracia o legislando para contentar a distintos grupos de presión (lobbies) creando nuevas figuras penales que tipifican conductas ya reguladas, pero entrar en ello excedería el objeto del presente artículo.
Tema complejo si los hay y por eso se requiere atacarlo desde muchas aristas cueste lo que cueste, pero para ello hay que estar preparado para lidiar con los costes políticos y económicos, nadie dice que será sencillo, pero la intención ya es un gran primer paso y requiere de la unión de todos sin importar la camiseta que se lleve puesta ya que en definitiva si pretendemos mejorar la seguridad pública hay que trabajar en políticas sociales, educación y evitar la reincidencia. Basta ver como se les pide esfuerzos sobrehumanos y se carga de responsabilidad a la Policía, Fiscalía y Poder Judicial, pero hay que pensar que ellos actúan luego de la consumación del hecho delictivo y lo que se necesita no es más represión sino más prevención, quizás cuando lo entendamos empecemos a avanzar y ver resultados diferentes.
No le pidamos al Derecho Penal lo que no le corresponde a este, es importante tener presente que el Derecho Penal siempre llega tarde, esto significa que llega cuando el delito ya se cometió, es el último resorte que tiene el estado para hacer valer el derecho y poner orden, si no tenemos la reacción penal punitiva lo que nos queda es la anarquía, la anomia. No hay que perder de vista que el Derecho Penal tiene un efecto comunicativo y disuasivo. Insisto, el Derecho Penal no puede solucionar todos los problemas que existen, está más que probado en el mundo que el crear delitos e inflar las penas no sirve absolutamente de nada.
Edgardo Mariotta – Tel.: Contacto: 099 896 430.
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